que dice el articulo 35 de la ley 39 2015

de procedimiento administrativo común

La Ley 39/2015, también conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una normativa fundamental en el ámbito jurídico español que regula los procedimientos administrativos y la relación entre los ciudadanos y la administración. En este marco, el artículo 35 de dicha ley establece importantes disposiciones en cuanto a la motivación de los actos administrativos, aspecto fundamental para garantizar la transparencia y legalidad en la actuación de las administraciones públicas. En este artículo, se detallan las condiciones y excepciones en las cuales los actos administrativos deben ser motivados. A continuación, profundizaremos en lo que establece la Ley 39/2015 y en particular, en el artículo 35, para entender mejor su alcance y aplicaciones prácticas. Además, también hablaremos sobre las últimas modificaciones realizadas a esta ley y su consolidación en el Boletín Oficial del Estado. ¡Acompáñanos en esta lectura y conoce más sobre la Ley 39/2015 para tontos!

ley 39/2015 resumen

La Ley 39/2015, aprobada el 1 de octubre de 2015, hace referencia al Procedimiento Administrativo Común en el ámbito de la Administración Pública. Esta ley sustituye a la ley anterior, la Ley 30/1992, y tiene como objetivo principal modernizar y simplificar la relación entre los ciudadanos y la Administración Pública.

Principales cambios y novedades de la Ley 39/2015

1. Tramitación electrónica:

La ley establece que todas las relaciones con la Administración Pública deberán realizarse a través de medios electrónicos, salvo en casos excepcionales.

2. Notificaciones electrónicas:

Las notificaciones de la Administración Pública se realizarán mediante medios electrónicos, garantizando así su seguridad y autenticidad.

3. Registro electrónico:

La ley establece la obligatoriedad de que todas las Administraciones Públicas cuenten con un registro electrónico para la recepción de documentos y escritos.

4. Plazos:

Los plazos para la realización de trámites se reducen y se establecen reglas claras y uniformes para su cómputo.

5. Participación ciudadana:

La ley promueve la participación de los ciudadanos en la elaboración de normas y en la toma de decisiones administrativas.

6. Simplificación de procedimientos:

Se eliminan trámites innecesarios y se simplifican otros para facilitar la gestión de los procedimientos administrativos.

7. Transparencia:

Se establecen medidas para garantizar la transparencia en la actuación de la Administración Pública.

8. Atención al ciudadano:

La ley fomenta una atención al ciudadano más eficiente y de mayor calidad, estableciendo sistemas de información y atención al público adecuados.

Conclusión

La Ley 39/2015 supone un avance en la modernización de la Administración Pública y en la simplificación de los trámites para los ciudadanos. Además, promueve la transparencia y la participación ciudadana en la gestión administrativa. Sin duda, una ley que busca mejorar la relación entre los ciudadanos y la Administración.

ley 39/2015 actualizada

La Ley 39/2015, que regula el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, es un pilar fundamental en nuestro sistema jurídico. Esta ley, que entró en vigor en 2015, ha sido actualizada recientemente para adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad.

La actualización de la Ley 39/2015 supone una mejora en la relación entre los ciudadanos y la administración. Gracias a esta actualización, se agilizan los trámites administrativos y se facilita el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Uno de los aspectos más importantes de esta actualización es la incorporación de las nuevas tecnologías. Con la implantación de la Administración Electrónica, los ciudadanos podrán realizar trámites y consultas de forma telemática, lo que supone un ahorro de tiempo y un mayor acceso a los servicios públicos.

Otro aspecto destacable de la ley 39/2015 es la promoción de la transparencia. La administración deberá ofrecer una información clara y accesible sobre sus procedimientos y decisiones, garantizando así una mayor confianza y participación de los ciudadanos en la gestión pública.

Sin duda, esta ley es un gran paso hacia un sistema administrativo más ágil y accesible para todos.

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, transformando y revolucionando la forma en que nos comunicamos, trabajamos y nos relacionamos en nuestra vida diaria. Este progreso ha generado grandes beneficios y comodidades, pero también ha traído consigo algunos desafíos y preocupaciones.

Uno de los aspectos más relevantes del avance tecnológico es la forma en que ha cambiado la comunicación. En la actualidad, podemos estar conectados con personas de cualquier parte del mundo en tiempo real, gracias a herramientas como las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Sin embargo, este fácil acceso a la comunicación también ha generado una dependencia excesiva de los dispositivos electrónicos, lo que puede afectar nuestras habilidades sociales y la calidad de nuestras relaciones personales.

La tecnología también ha transformado la forma en que trabajamos. Antes, era necesario estar en una oficina o lugar específico para poder realizar nuestro trabajo, pero con la llegada de la digitalización, ahora podemos trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto ha traído grandes beneficios en términos de flexibilidad y eficiencia, pero también puede generar problemas como la intromisión del trabajo en nuestra vida privada.

Otra área que ha sido impactada por la tecnología es la educación. El acceso a la información y el aprendizaje en línea han abierto nuevas oportunidades para el aprendizaje y la formación. Sin embargo, también se plantean cuestiones sobre la calidad de la educación y el control de la información que se proporciona en línea.

Es importante utilizarla de manera adecuada y consciente, asegurándonos de que no afecte negativamente nuestra vida y relaciones personales, y procurando aprovechar sus beneficios en nuestro desarrollo y crecimiento como individuos y sociedad.

El contenido del artículo 35 de la Ley 39/2015: ¿Qué establece?

El artículo 35 de la Ley 39/2015, también conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es un elemento clave en el ámbito del derecho administrativo. Este artículo establece una serie de normas y procedimientos que deben seguir las administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos y empresas.

Uno de los puntos más importantes que establece este artículo es la obligación de las administraciones públicas de motivar sus decisiones. Esto significa que deben explicar de forma clara y detallada las razones y fundamentos que justifican sus actos administrativos.

Otro aspecto destacado es la publicidad de los actos administrativos. Según la Ley 39/2015, las administraciones públicas deben publicar sus actos en un diario oficial o en un boletín oficial, para garantizar la transparencia y el conocimiento de los mismos por parte de los ciudadanos.

Además, el artículo 35 establece el plazo máximo de resolución de los procedimientos administrativos, que en la mayoría de los casos es de tres meses. Si no se cumple este plazo, el procedimiento se entenderá desestimado, a menos que la ley establezca un plazo diferente.

Otra cuestión relevante que establece este artículo es la obligación de las administraciones de notificar a los interesados en caso de que se les requiera para la aportación de documentación o para la subsanación de algún defecto en el procedimiento. Esta notificación se realizará por medios electrónicos o por correo postal certificado, y es una medida para agilizar los trámites administrativos.

¿Qué se establece en la Ley 39/2015? Un análisis del texto legal.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una normativa que regula el funcionamiento y las relaciones entre las diferentes administraciones públicas y con los ciudadanos.

Esta ley, que entró en vigor el 2 de octubre de 2016, reemplaza a la anterior Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que databa del año 1992. Con la actualización de esta norma, se busca modernizar y simplificar los trámites administrativos, facilitando así el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

Entre las principales novedades que establece la Ley 39/2015, podemos destacar:

  • Nuevos medios de comunicación electrónica: se reconocen las nuevas tecnologías como medios de comunicación válidos entre las administraciones y los ciudadanos, lo que supone un avance hacia la administración electrónica.
  • Procedimiento administrativo común: se establecen las diferentes fases y plazos que deben seguir las administraciones públicas en la gestión de los procedimientos administrativos.
  • Participación ciudadana: se incorporan mecanismos de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de las administraciones públicas, así como la obligación de informar y consultar a los interesados en los procedimientos que les afecten.
  • Protección de datos personales: se refuerza la protección de los datos personales de los ciudadanos en la tramitación de los procedimientos administrativos.
  • Es una herramienta clave para mejorar la calidad de los servicios públicos y garantizar los derechos de los ciudadanos en su relación con la administración.

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